Crédito con Aval del Estado (CAE) es un de los puntos cuestionados en las movilizaciones
El negocio de los créditos universitarios que está en manos de Álvaro Saieh
Corpbanca se adjudicó la cartera que licitó el Estado, bajando la tasa para los estudiantes de un 5,7 a un 5,3 por ciento anual. Una mejora en la condiciones de mercado, que, sin embargo, las propias universidades califican de muy pequeña. Algo que se complica para los estudiantes si se considera que, según un informe del Banco Mundial, los universitarios con CAE tendrán una deuda casi 180% mayor de lo que será su ingreso anual cuando se titulen y se incorporen al mercado del trabajo.
En enero del año pasado, la ex Presidenta Michelle Bachelet anunciaba un beneficio que iría, según sus propias palabras, a fijarse como colchón en los bolsillos de los más pobres. “Hemos tomado la decisión de que mi gobierno va a ampliar por segundo año consecutivo los créditos con aval del Estado para educación superior, beneficiando en el 2010 a un total de 92 mil estudiantes vulnerables, pero también de clase media, pertenecientes hasta el cuarto quintil de ingreso”.
La voz de Bachelet en el Patio de Los Naranjos se escuchaba firme. Usando el tiempo que tenía para la promulgación de una ley para Pymes, la ex Mandataria aprovechó, esa mañana, la ocasión para hablar de educación: “Porque hemos hecho bien las cosas, porque creemos en el rol del Estado y en la protección social”.
Sin embargo, el Crédito con Aval del Estado (CAE) se convirtió en un salvavidas de plomo. Por una parte es un instrumento objetivo para quienes necesitan apoyo para estudiar y no lo tienen; pero por otra, ha beneficiado más a la banca en desmedro de altos intereses para los estudiantes y un altísimo costo para el Estado. No por nada fue uno de los anuncios importantes de Sebastián Piñera. La misión: bajar la tasa a un 4% e incorporar un seguro de cesantía.
Hasta 2010 el negocio estaba en manos de distintas instituciones financieras y pasó a ser manejado este año por un único prestador: Corpbanca, cuyo socio mayoritario es Álvaro Saieh. El empresario es dueño, además, de Copesa –que posee los diarios La Tercera, La Cuarta, La Hora y revista Qué Pasa–, controlador de SMU, la tercera cadena de supermercados del país; Construmart; OK Market y la mayor empresa de rentas vitalicias del país (Corpvida).
¿Por qué el crédito con aval puede resultar un buen negocio para los privados? Porque finalmente el que más arriesga es el Estado. “Es un negocio muy seguro, de bajísimo riesgo, pero que se produce por una mala asignación de los recursos del Estado”, explica Francisco Castañeda de la Usach.
El que una sola institución se haga cargo del negocio forma parte de las bases de Ingresa, entidad que administra el sistema. Compitieron 13 instituciones, se escogió una y el crédito bajó su tasa de 5,7% a 5,3% anual. Dado que compitieron más instituciones por la administración, el sobreprecio pagado en la cartera comprada a los bancos por el fisco bajo de un 30% promedio a un 6% promedio. Pero esto podría ser muy variable a futuro.
En Ingresa explican que durante el mes de mayo se llevó a cabo el proceso de licitación pública para adjudicar el servicio de financiamiento y administración de créditos para educación superior regulados por la Ley 20.027, correspondientes al año 2011. En este proceso de licitación, las instituciones financieras, en su conjunto, presentaron 160 ofertas, para un total de 20 nóminas de alumnos a adjudicar. El día 3 de junio, la Comisión Ingresa adjudicó la cartera de Créditos con Garantía del Estado 2011, a Corpbanca por presentar la oferta más conveniente para el total de las nóminas en licitación. Los criterios empleados para hacer esta asignación están establecidos en las bases de la licitación pública que la Comisión Ingresa realiza (bases que han sido previamente aprobadas por la Contraloría General de la República). Se trata fundamentalmente de dos variables. Por un lado, se analiza qué porcentaje del monto total de los créditos de cada nómina venderá el banco a la Tesorería General de la República, teniendo en cuenta que el máximo permitido es el equivalente al 45%. La segunda variable considera cuánto recargo aplicará el banco sobre ese monto que venderá al Fisco. De este modo, el orden de las ofertas está dado por el resultado de la multiplicación entre ambos factores, dejando en primer lugar a aquella institución que proponga una menor venta y recargo.
Este crédito está dirigido a quienes no pueden optar al Corfo ni al Fondo Solidario –para las 25 universidades que conforman el Consejo de Rectores– y según las propias casas de estudio en nada ayuda una disminución tan pequeña: “Desde el punto de vista general todas las universidades están preocupadas por la diferencia entre el crédito solidario y con aval y la preocupación principal la tenemos nosotros porque tenemos muchos estudiantes que estudian con este sistema. Una tasa de 5,3% sigue siendo muy alta”, comenta Luis Winter, presidente de la Corporación de Universidades Privadas.
Para Jaime Retamal, jefe del Departamento de Carreras de la Usach, “nadie puede dudar que el CAE es un instrumento usurario e injusto que perjudica sobre todo a la clases medias y bajas. Por lo tanto, a priori, una institución financiera que no sólo mira los intereses propios, sino que además tiene conciencia social, debiese restarse a participar en el negocio que lucra con la educación superior y debiese restarse también a participar en la perpetuación de este tipo de créditos. El CAE es verdaderamente escandaloso como instrumento y debiese ser investigado también como tal”.
En el sector hay quienes señalan también que no importa cuál sea la tasa de interés de este crédito ni cuánto baje, puesto que será siempre impagable por alumnos de bajo nivel que a la vez estudiaron en universidades malas. “Es un crédito que cuesta 100 UF al año, por cinco años. Esa persona con la tasa actual va a terminar pagando 83 mil pesos al mes. Si tú bajas la actual a 3,7, entonces el problema no esta ahí porque esa cuota quedará en 73 mil pesos. El problema de fondo es que tienes malas carreras, con profesionales con sueldos que no van a poder pagar los créditos”, explica un actor del mercado financiero de la educación.
LO QUE PIERDE EL ESTADO
¿Por qué el crédito con aval puede resultar un buen negocio para los privados? Porque finalmente el que más arriesga es el Estado. “Es un negocio muy seguro, de bajísimo riesgo, pero que se produce por una mala asignación de los recursos del Estado”, explica Francisco Castañeda de la Usach.
Según Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) hasta el 2010 el fisco había puesto fondos por un total de 345.438 millones de pesos (un poco mas de 700 millones de dólares), incluyendo recompras y pagos de recargos a los bancos. “Acabamos de procesar los datos oficiales del 2011, año en que se ha desembolsado otros 192.899 millones de pesos (cerca de 400 millones de dólares adicionales), con lo cual el desembolso fiscal total por CAE ha sido de 538.337 millones de pesos (holgadamente por encima de los mil millones de dólares). El desembolso fiscal equivale al 51 por ciento del total de CAE otorgados”, comenta Riesco, que suma un dato más: “Lo otro gravísimo que surge de la licitación del 2011, es que la recarga bajó de casi 40 por ciento de la recompra los años precedentes ¡a sólo 6 por ciento! Es decir, se pagaron más de 80.000 millones de pesos de más”.
De hecho, según un informe del Banco Mundial publicado por La Tercera, “los universitarios con CAE habrán adquirido una deuda casi 180% mayor de lo que será su ingreso anual cuando se titulen y se incorporen al mercado del trabajo. Este hecho sitúa a Chile como el país más caro en la relación deuda-ingreso entre diez naciones analizadas”.
Sin embargo, el escenario planteado el martes por el Presidente Piñera podría repercutir en la decisión de los bancos de participar en el proceso. Según Castañeda, con el nuevo “e impredecible cambio en las reglas del juego en el CAE (el cual incluiría seguro de cesantía) es impredecible que va a ocurrir en cuanto al interés de la banca. Si se mantiene la ley de que el Estado les compra casi un 50% del total de créditos, los bancos seguirán interesados. Si esto se altera, reduciendo sustancialmente los porcentajes de la cartera de crédito, habrá menos interés de la banca. La incorporación del seguro de cesantía reduce la exposición del riesgo, y ésta debería fluctuar entre 0,1% y 0,2% mensual adicional a los costos de los créditos de los estudiantes. Si no hay interés de la banca, o esto es muy caro, deberían considerarse inyección de recursos directos del Fisco con una nueva gobernanza para la recuperabilidad de esos cobros. UF + 4% sigue siendo altísimo aún”.
