jueves, 30 de junio de 2011

Proyecto GANE, mayor accesibilidad.

Esta entrada presenta otro de los ámbitos del plan GANE, acerca de el acceso a la educación superior. Interesa a nuestro trabajo porque señala que una de las maneras de acceder a la educación superior es a través de otorgar más becas, punto que es al que apunto nuestro trabajo.
La información proviene del sitio del proyecto GANE del Ministerio de Educación.


Perfeccionamiento del sistema de admisión, promoviendo el uso del ranking como herramienta de admisión
Estudios demuestran que estar entre los mejores de su curso, es un buen predictor de los niveles de éxito de ese alumno en la educación superior, pese a que no hayan obtenido un buen desempeño en la PSU, atribuible entre otras cosas, a la calidad de su formación escolar.
a)
Por ello, promoveremos el uso del ranking dentro de los egresados de cada liceo o colegio como una variable a incluir para permitir el acceso a la universidad, agregándola a la PSU y a las notas de enseñanza media. Esta es una importante herramienta para hacer más equitativo el acceso al sistema de educación superior ya que beneficiará principalmente a los jóvenes de menores ingresos.

Acceso garantizado a becas en la educación superior a todos los alumnos del 40% más pobre
a)
Ampliaremos la Beca Gómez Millas para todos los alumnos universitarios vulnerables con puntaje sobre 550 pts. Actualmente:

i)
Beneficia a estudiantes del Quintil I y II.
i)
Sólo beneficia a estudiantes con PSU sobre los 640 pts.
iii)
Tiene alrededor de 2.400 beneficiarios en total.
iv)
Financia un monto máximo de $1.150.000.
v)
Beneficia a los alumnos que acceden a la universidad hasta un máximo de 3 años post egreso de la enseñanza media.
b) Becas de Nivelación Académica

i)
Se financiará un año de nivelación en la universidad a 1.000 alumnos seleccionados dentro del 5% de mejor egresados, para que puedan acceder a la universidad pese a sus bajos puntajes PSU.

Aumento de 70 a 120 mil las becas para la Educación Técnico Profesional (Beca Nuevo-Milenio)
a)
Aumentaremos durante el gobierno a 120.000 las becas para alumnos vulnerables en la educación técnico- profesional

i)
Las Becas Nuevo Milenio eran 55.000 el año 2009 y 70 mil el año 2010.
ii)
Destinada al 40% más pobre y con promedio sobre 5,0/5,5 en CFT/IP.

b)
Aumentaremos desde el próximo año en 20% esta beca Nuevo Milenio, subiéndola para todos los beneficiarios de $500.000 a $600.000 por año de estudio.
c)
Para los mejores 4.000 estudiantes que ingresen cada año a carreras técnicas, subiremos la beca de $500.000 actual, a valores de hasta $800.000 anuales.

i)
El tercio de mejor resultado de esos 4.000 alumnos recibirá $800.000 anuales.
ii)
El siguiente tercio recibirá $750.000 anuales.
iii)
El siguiente tercio recibirá $700.000 anuales.
iv)
Matriculados en carreras técnicas en cualquier IES acreditada

viernes, 24 de junio de 2011

Propuesta del gobierno para la modificación del Crédito con Garantía Estatal.

  Esta entrada trata acerca del Crédito con Garantía Estatal, una de las formas que tienen los estudiantes de costearse su educación superior.  Aquí se detalla la propuesta del  gobierno en uno de los puntos de su proyecto GANE  para modificar el actual Crédito. Esto es interesante para nuestro trabajo porque el tema de nuestro grupo es el financiamiento de la educación superior. Se debe recordar que el Crédito con Garantía eso eso, un crédito, y como tal cobra intereses, siendo otro de los aspectos  del lucro con la educación en Chile.    Esto choca con las reivindicaciones del movimiento estudiantil chileno que exige educación gratuita entre otras demandas.

La información ha sido extraída del ministerio de educación, del sitio sobre el proyecto GANE.  


Disminución de la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado a alrededor del 4%, suspendiéndose el pago en caso de desempleo
Es por eso que nuestro propósito es bajar la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado desde el 5,9% del año 2010, a cifras cercanas al 4,0% anual en esta administración (en situaciones macroeconómicas similares a las actuales).
i)Ello se logrará tanto con las reformas legales planteadas a continuación, como a través de subsidios públicos para reducir la tasa de interés, a través del fondo FE.
ii)La rebaja en tasas de interés beneficiará a:
(1) Nuevos alumnos que ingresan al sistema (más de 100.000 alumnos por año
(2) Alumnos que hoy ya poseen este crédito, pudiendo repactar su crédito con las condiciones más favorables que generará esta baja de las tasas de interés al graduarse (alrededor de 350.000 alumnos)
iii)Asimismo, el sistema debe considerar un adecuado seguro de desempleo para los egresados.

Propuesta para un nuevo y mejor sistema que reemplace el actual Crédito con Aval del Estado (CAE).

Para lo cual convocaremos a un grupo de trabajo de alto nivel, para que presente propuestas que permitan al gobierno analizar las modificaciones legales correspondientes.
Las propuestas anteriores, que otorgan más becas y bajan los intereses del Crédito con Aval del Estado, siendo necesarias hoy, no serán suficientes para el futuro del país. Las necesidades de los alumnos dependen de componentes que hoy no están bien considerados, tales como: la verdadera capacidad de pago de las familias en función de sus ingresos y gastos; duración de las carreras; calidad de las instituciones; empleabilidad y sueldos futuros esperados, entre otros.
Ello requiere rediseñar en forma completa el sistema de financiamiento estudiantil, avanzando hacia un sistema integrado de Becas y Créditos.

Reprogramación de los morosos del Fondo de Crédito Solidario para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom.
i)Permitiremos una solución legal a 110.000 morosos, para que se pongan al día y puedan cumplir sus pagos.
ii)Condonación de fracción de intereses penales según pago al contado.
iii)Reprogramación de la deuda de 10 a 15 años.

Perfeccionamiento de la Ley del Fondo de Crédito Solidario
i)Hoy – en el mejor de los casos- un egresado que paga su cuota todos los meses permite la recuperación del 60% del crédito que recibió. En la práctica, se recupera en promedio sólo el 40% de los créditos..
ii)Este crédito beneficia a los alumnos de las 25 universidades del Consejo de Rectores.
iii)Es importante perfeccionar el sistema de crédito solidario para que pueda aumentar su recuperación, y esos fondos puedan destinarse a ayudas estudiantiles de otros alumnos. Existirán incentivos a las instituciones asociados a la mejor recuperación e índices de pago del crédito. Asimismo, se darán facultades a los administradores de los fondos de crédito solidario para facilitar la recuperación de los préstamos, buscando la estabilidad de cada fondo.

miércoles, 15 de junio de 2011

Efectos del lucro en la educación sobre la economía. Argumentos económicos.

Para seguir aportando en el desarrollo de trabajo de mi grupo, publico este aporte, que trata sobre los efectos del lucro en la educacional sobre la economía.  Aunque para mí las cosas no se justifican sólo por su aspecto económico, me parece que es un punto importante y los argumentos que aquí se muestran pueden ayudar a los argumentos no económicos de este debate.
Esta es una publicación de el Diario El Nortero escrito por Jan Cademartori, economista, académico U. Católica del Norte. Doctor en Desarrollo.

"En la discusión sobre el lucro  en Educación Básica, Media y Superior, se ha sostenido que se trata de una discusión meramente ideológica, para afirmar que no tiene efectos prácticos.Otra manera de decir que si la educación en manos del mercado, mejora su calidad, bienvenida la educación con fines de lucro.
Por educación con fines de lucro entendemos que la motivación principal del dueño del establecimiento es aumentar su patrimonio familiar. Este objetivo, aun cuando puede estar acompañado de otros (servicio al prójimo, búsqueda de status, defensa de valores)  pasa a ser el principal.
Sus partidarios sostienen que al buscar la ganancia individual, estos establecimientos deben atraer alumnos con la calidad del servicio. Ello les permite recaudar ventas por matrículas. De este modo también obligan a los restantes establecimientos a mejorar la calidad si no desea perder a sus alumnos.  Al mismo tiempo, deben evitar gastos inútiles, lo cual favorece un uso racional de los recursos. Finalmente, se arguye que al invertir en educación, los privados le ahorran al Estado recursos que pueden usados en gasto social.
Sin negar que detrás de cada opción haya un componente ideológico,  hay argumentos que demuestran que la educación con fines de lucro tiene efectos negativos sobre dos ámbitos: la equidad social y lo que se entiende por calidad. No se trata pues de una mera discusión doctrinal. Comenzaremos por discutir el tema equidad, posponiendo el tema calidad para otro artículo.
Supongamos que la entidad educacional con fines de lucro logre prestar un mejor servicio. Ello se debe a dos razones. Primero, que puede seleccionar a sus alumnos. Segundo, que seleccionando a los hijos con padres de mayores ingresos, tiene recursos para pagar mejores profesores y superior infraestructura. Esto puede generar los siguientes efectos negativos:
  • Reforzamiento del círculo vicioso de la desigualdad. Para que su empresa sea rentable el empresario tiende a seleccionar a los alumnos con capacidad de pago. Esto puede ir acompañado de un número limitado de becas, sea por imagen, porque parte de las salas están vacías o por altruismo. En cualquier caso, los no escogidos,  que normalmente pertenecen a capas sociales más pobres, van quedando en la educación gratuita.
Si  diferentes sectores de la población aumentan su ingreso en montos distintos, la educación privada, atenderá  a los de mayor incremento. Posteriormente, ello impulsará que los ingresos crezcan de modo desigual, pues las personas provendrán de diferentes estratos educacionales. En otras palabras se forma un círculo vicioso de desigualdad.
  •   Pérdida de Inversiones Públicas Incurridas en el Pasado. El empresario de la educación tenderá a seleccionar a los profesores de mejor rendimiento porque recauda  ingresos que provienen de las familias mejor remuneradas. Aquello le permite competir mejor con otros establecimientos. Si bien, muchos profesores con vocación de servicio, no se irán a los colegios con mejores sueldos, cabe preguntar por cuánto tiempo. En algún momento, necesitarán mejorar sus ingresos para enviar a sus hijos a la educación pagada con el objeto que sus descendientes puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado del trabajo.
    Esto refuerza la desigualdad económica señalada en el punto anterior y acarrea una pérdida de recursos invertidos por el Estado. En efecto, implica despilfarrar los recursos públicos que en el pasado se destinaron y se seguirán destinando a la formación de profesores, pensando que ellos servirían para atender las necesidades de las grandes mayorías. Al mismo tiempo, se pierden inversiones públicas en infraestructura educacional, si éstas no van acompañadas con los profesores más capaces.  
  • Elites aisladas de la realidad nacional. La selección de los alumnos provenientes de familias de mejores ingresos en establecimientos separados, especialmente de Básica y Media, hace que ellos  pierdan la posibilidad de conocer al resto del país a través de sus propios compañeros de curso. Se formarán estereotipos de uno y de otro lado. Se reforzará la formación de  elites y oligarquías cerradas.
    A su momento ello influirá en la formación de políticas públicas, en donde la presencia de estas elites profesionales será dominante. El desconocimiento de la realidad del país por parte de las elites dominantes explica fracasos como el Transantiago. Estas situaciones también se presentan dentro de la educación pública, pero aquí se fomentará aún más.
  • Agravamiento de la polarización geográfica del desarrolloLa concentración  de la oferta educacional “de mejor calidad” en aquellas áreas geográficas donde hay más poder de compra educacional afectará a los recursos humanos más calificados. Con mayor razón, ellos evitarán trasladarse por períodos prolongados, a vivir  con su familia, a zonas donde hay poca educación privada para sus hijos, considerada de “mejor calidad”.
    • Esto significa reproducir la desigualdad social y territorial ya que la falta de capital humano en estas zonas es justamente una de las razones de su atraso. A esto se suma que sus egresados tampoco podrán aportar al desarrollo de su zona a causa de su “mala formación”. Para evitar aquello, es necesario que haya educación de calidad en todas las zonas del país, y esto supone el mismo gasto de recursos por alumno sin importar su condición social.
    • Hiper- expansión de títulos y deudas  sin empleabilidad.
      Se abren vacantes para estudios universitarios en carreras que no tienen futuro profesional pero que generan ganancias a corto plazo al dueño del establecimiento educacional. Al mismo tiempo se exige el mínimo académico, al estudiante con el objeto de retenerlo por varios años. Sus  matrículas y sus deudas son ingresos para la educación de mercado y para el sistema financiero.
      Esto significa aumentar la concentración de la riqueza en manos de  los grupos empresariales que participan de este lucrativo negocio. En el otro polo de la sociedad, se amplía la sobre-oferta laboral de “cesantía con diploma”  de bajo nivel de preparación,  dispuesta a emplearse por bajos salarios y en puestos inestables (subcontratación). Las mismas Universidades e Institutos Privados pueden contratar a sus egresados part-time a bajo costo para ejercer docencia o transformarlos en clientes de post-grado, generando un nuevo negocio. La caída en el valor de los servicios profesionales, permite aumentar los márgenes de ganancia de los grandes capitales que controlan el aparato económico.
    • Investigaciones e Innovación al servicio de grupos minoritarios.
      En la medida que el Estado abandona a las Universidades deben recurrir de modo creciente al financiamiento privado, incluso las Universidades Estatales. De este modo, para costear las actividades de investigación, se recurre a las grandes empresas multinacionales y a los grupos económicos. Estas entidades rebajan impuestos vía donaciones y al mismo consiguen que se investigue su propia agenda. De este modo se incrementa el poder económico de los sectores minoritarios y se reproduce el perfil de Chile como  exportador de materias primas.
    En conclusión,  la inversión privada en educación, destinada a establecimientos con fines de lucro no es de gran ayuda.
    Primero, porque beneficia a los alumnos que provienen de las familias de mayor ingreso, es decir es inversión que sirve al círculo elitista de los mismos inversionistas.
    Segundo, porque invertida en educación, agrava las desigualdades sociales y por tanto bloquea el desarrollo económico.
    Tercero, porque en el área de la enseñanza, se usa frecuentemente para eludir pagar impuestos.
    Finalmente, si aquella no se invirtiera en este sector educacional, con incentivos adecuados se invertiría en otras áreas que podrían ser de igual o mayor interés para el país.
    Por ejemplo, en levantar empresas que permitan incorporar valor agregado a nuestras exportaciones de recursos naturales, en capacitar a los trabajadores, en producir energía renovable, etc."

    miércoles, 8 de junio de 2011

    Lucro en la educación superior.

    Lucro en la Educación Superior en Chile. El siguiente aporte esta íntimamente relacionado con el tema de nuestro trabajo, el financiamiento de la educación en Chile, ya que una de las manera en que universidades privadas lucran con la educación es precisamente los créditos estatales. Este es un tema que es muy de actualidad ya que  el fin al lucro en la educación superior es una de las exigencias del movimiento universitario, que se ha reflejado en las movilizaciones en nuestra universidad. Aunque el lucro no es legal actualmente, los dueños de algunas universidades privadas tienen métodos de real izarlo. El siguiente es un texto del profesor Raúl Atria del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile en el que expone y explica qué es el lucro y las maneras de realizarlo.  


    Lucro es la apropiación privada del excedente  generado por  una organización o empresa que produce bienes o servicios.  Una organización con fines de lucro genera  utilidades  que puede repartir a sus dueños, como es el caso de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
    La organización sin fines de lucro es similar a una empresa ya que  puede cobrar, remunerar, invertir en acciones, endeudarse y tener utilidades, pero no puede repartirlas a sus fundadores. Deben ser reinvertidas o acumuladas en el patrimonio corporativo. Su propósito es el bien común, lo cual les permite recibir donaciones deducibles de impuesto y beneficios tributarios. Estas organizaciones pueden darse la forma jurídica de fundaciones (un  patrimonio adscrito a una finalidad legítima determinada, administrado por directores)  o corporaciones sin fines de lucro (una asociación cuyos socios aportan a la constitución de un patrimonio corporativo sin que haya cuotas de propiedad sobre él). (Waissbluth. La Tercera, 15 de junio de 2012)
    Los bienes  de fundaciones o corporaciones  y los excedentes que generen, ya no pertenecen a sus socios o fundadores.  Si se disuelve una fundación  o corporación, sus bienes pasan a la propiedad de quienes designen sus estatutos y si éstos nada dicen, pasan al Estado. Los socios o fundadores, aportan a un propósito de bien común  y no pueden pagarse sueldos o transar con otras empresas por  montos fuera de mercado ( si eso ocurre, las fundaciones o corporaciones se convierten de hecho en organizaciones con fines de lucro).
    En Chile, el gobierno militar cuando hizo la así llamada reforma de 1981, legisló que las universidades no pueden tener fines de lucro. (pero no los Institutos Profesionales  ni los Centro de Formación Técnica).  Es paradojal que en Chile no se acepte el lucro en universidades, pero sí en IPs, CFTs y escuelas subvencionadas..
    ¿Cómo se sobrepasa legalmente la prohibición del lucro establecida por ley? Desde luego, con un blando sistema de control de legalidad de las instituciones sin fines de lucro y aplicando una o varias de las estrategias siguientes:       
    1. Haciendo que la Universidad carezca de patrimonio inmueble propio, el cual está radicado en una empresa externa, relacionada, la cual puede dar en garantía ese patrimonio para operaciones bancarias en condiciones más ventajosas  que si esos bienes fueran de propiedad de la institución. La propiedad de la Universidad es en realidad un patrimonio intangible constituido por  el flujo de recursos que ingresan por vías de aranceles y matrículas (estos flujos son actuales o diferidos y en los tiempos de duración de las carreras, con documentación anual)  que conforman una cartera de deudores que puede ser valorizado a precios de mercado en las instituciones financieras). Esto hay que "transparentarlo".
    2. Externalizando servicios (uso de infraestructura o equipamientos, llegando incluso al caso de externalizar carreras) y pagando por esos servicios  montos fuera de mercado.  Esto hay que "transparentarlo"
    3. Estableciendo  un nicho de lucro por la integración vertical de IPS  o CFTs asociados a la Universidad  sin fines de lucro. La Universidad es entonces parte de un holding en el cual  hay instituciones asociadas que tienen fines de  lucro. Esto hay que sincerarlo y "transparentarlo"  Cuando  se habla de potenciar la formación técnica (muy loable) en la cual hay aproximadamente  un tercio de la matricula total  en la ES , lo que se está diciendo es que habrá un apoyo explícito del Estado a la expansión de la parte lucrativa de la ES. Esto hay que sincerarlo.
    4. Por venta de la "universidad".¿Pero, qué es lo que se vende?. Se vende la cartera de deudores de acuerdo a su valor financiero, lo cual explica que  la instituciones que son vendidas a terceros  tienen o han tenido en las fases previas a la transacción, una fuerte expansión de su matrícula. Los compradores de este "patrimonio intangible" no son necesariamente universidades, sino que suelen ser fondos de inversión  muchas veces extranjeros (i.e Laureate, Apollo) o nacionales con participación de socios extranjeros (ie. Linzor Capital; Southern Cross).
    Hay una estimación conservadora de aproximadamente  120 mil alumnos que están hoy en Chile en Universidades "vendidas"  a fondos de inversión, de los cuales hay algunos que transan sus acciones en bolsas extranjeras Bolsa de N.Y. ( como es el caso de Laureate). Se trata pues de  Universidades que estrictamente hablando no son chilenas. Estimando un monto promedio de 2 millones de pesos de aranceles, esto significaría que la cifra de negocios de estas universidades vendidas  alcanzaría a 240 mil millones de pesos al año.  Esto hay que sincerarlo.
    Tenemos una legislación  "estupenda": legitima la orientación de bien público de las Universidades con la prohibición del lucro, pero al mismo tiempo deja amplios espacios  para el lucro por  ausencia o debilidad de control de legalidad, o por vacíos legales. Las Universidades que no tienen un estatuto público, llegan entonces a ser un fantástico negocio privado  legitimado por su "vocación" pública  (no lucro).

    Habría tres cursos de acción posibles para abordar estos sesgos:
    1.  dejar las cosas como están (ambigüedad tolerada y legitimada)
    2. que se cumpla la ley y se amplíe para prohibir con rigor y eficiencia el lucro de las universidades e IPs (los CFTs habría que ponerlos bajo un estatuto separado)
    3. abrir un espacio delimitado a instituciones con fines de lucro, reguladas, supervisadas con estricta prohibición  de recibir fondos públicos o donaciones privadas, directa o indirectamente.
    En cualquier alternativa, es un paso necesario e indispensable  someter este tema al debate público informado y  asegurar la sostenibilidad económica, social y política de las universidades estatales, que son las que aseguran un espacio para que la educación superior sea tratada como bien público.

    miércoles, 1 de junio de 2011

    El sector privado en la educación, aspecto positivos y argumentos a favor.

     Para tener otros puntos de vista, el siguiente es una documento en el que se argumenta la importancia de la educación privada en la educación superior mundial y chilena. Expone que aunque en varios lugares de occidente se llevan a cabo medidas para que sea el sector público quien se encarga del financiamiento de la educación la autora, María José Lemaitre, indica que el sector público no es suficiente para abarcar todas los aspectos que la educación superior ofrece y que el sector privado tiene una serie de características que lo hacen más apto para el desarrollo de dichos aspectos de la educación superior.
    Aunque no es punto de vista que yo comparta, la autora es una experta en estos temas y propone argumentos que pueden servir para el avance del objetivo de nuestro trabajo.
    Este es el texto:


     "Responsabilidades Públicas y Privadas en Educación Superior
    Presentación de María José Lemaitre, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, en la Segunda Conferencia sobre Modernización del Estado, realizada en Santiago el 26 y 27 de noviembre de 2003.
    La educación superior es demasiado importante para dejarla sólo en manos de las universidades; es demasiado cara y su cobertura es demasiado amplia como para que sea una responsabilidad exclusiva del Estado; es demasiado compleja y estratégica para que sea una actividad privada. Sólo gracias a un gran esfuerzo de colaboración podrá satisfacer las expectativas que muchos tenemos respecto de ella. La discusión actual sobre los tratados de libre comercio y el Acuerdo General de Comercio en Servicios (AGCS, o GATS en su sigla en inglés) ha vuelto a poner sobre la mesa -si es que en algún momento salió de ella- el tema de la responsabilidad del Estado en el ámbito de la educación. En efecto, uno de los temas debatidos en el marco del AGCS es precisamente cuánto de la educación, y más específicamente de la educación superior, puede considerarse excluido de las negociaciones comerciales. Por un lado se afirma que en la medida en que los gobiernos aceptan la existencia de proveedores privados en la educación, ésta puede ser tratada como servicio comercial, y por tanto, regulada en el marco de la OMC. Por otro, la UNESCO en París en 1998 definió la educación superior como bien público y enfatizó que debía basar sus orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales y reafirmó el derecho de acceso a la educación superior. En septiembre de 2001, cuatro organizaciones de Canadá, Europa y Estados Unidos, ampliamente representativas del universo educacional (público y privado sin fines de lucro) de esas regiones, enviaron una nota a sus gobiernos y representantes en las negociaciones enfatizando el rechazo a la inclusión de la educación en las negociaciones del AGCS, señalando que debido a su carácter público, ésta debe ser regulada por los organismos competentes que defina cada nación. En el espacio ibero americano se suscribió la Carta de Porto Alegre, por una amplia gama de organizaciones universitarias, que hace presente su preocupación por las políticas de la OMC que favorecen la comercialización de la educación superior y el abandono por parte del Estado de sus funciones específicas relativas a la orientación en áreas de responsabilidad social y las referidas a la calidad de la educación. El debate no discute la presencia de proveedores privados, la introducción de nuevas tecnologías o la innovación en la educación superior. Se trata más bien de un debate sobre el valor de la educación superior y la función pública del Estado en esta área. En ese contexto, una discusión como la que hacemos hoy tiene pleno sentido y actualidad. Algunos elementos de diagnóstico inicial: · La educación superior es claramente la nueva frontera de desarrollo personal y social para la población en todos los países. La demanda por ingresar a estudios postsecundarios es creciente, y abarca a sectores de la población que durante años ni siquiera aspiraron a ella. Esto tiene como consecuencia una población estudiantil con un fuerte componente no tradicional, heterogénea, creciente. · La provisión privada es una realidad concreta e ineludible en la educación superior. · La calidad de la educación superior es una preocupación central en todos los países: la diversidad de demandas a la educación superior, de ofertas, de posibilidades, obliga a preguntarse por la pertinencia y relevancia de las oportunidades de estudio. · La información acerca de la educación superior es extremadamente asimétrica. Los usuarios no tienen elementos de juicio que les permitan evaluar la calidad de la oferta, ni antecedentes con qué efectuar esos juicios. Usualmente reciben información publicitaria, no siempre válida ni confiable.
    · La educación superior cumple diversas funciones, y el rol del Estado, o del sector privado, no es idéntico respecto de cada una de ellas. A continuación se intentará abordar algunos de estos elementos desde el punto de vista de las responsabilidades públicas y privadas en el desarrollo de la educación superior. Funciones de la Educación Superior En el año 2000, tanto el Banco Mundial como el BID establecieron ciertas orientaciones para el financiamiento de proyectos en países en desarrollo. En los documentos publicados ese año, ambos organismos destacan la necesidad de invertir en educación superior, y enfatizan la importancia de las políticas públicas en esta área, lo que resulta un cambio interesante y bienvenido respecto de sus anteriores orientaciones de política, que tendían a centrarse en la educación básica y en el rol del mercado. Sin embargo, hacen hincapié en que no es posible hablar de la educación superior como de un conjunto de actividades indiferenciadas, razón por la cual resulta importante identificar sus principales funciones o áreas de actividad. De este modo, es posible analizar y distinguir la relación de cada una de ellas con los sectores público y privado. A partir de estos estudios, es posible distinguir las siguientes funciones: · Ciencia y tecnología, que incluye el acceso a nuevos conocimientos y la capacidad para utilizarlos. · Formación profesional, que suele ser la tarea preferente -al menos en términos cuantitativos- de la mayoría de las IES · Formación técnica, que si bien no suele considerarse una parte integrante de la educación superior, se incluye de manera cada vez más frecuente cuando se hace referencia a este nivel como educación terciaria o postsecundaria. A las funciones anteriores, es preciso agregar la de operación del sistema de educación superior, en un contexto de masificación, diversidad, heterogeneidad como es el vigente en prácticamente todos los países. Mecanismos de Política El segundo componente de este análisis es el de los mecanismos de política. Las formas en que el Estado puede ejercer su acción sobre un sistema social no son muchas. En el caso de la educación superior la tradición de autonomía de las instituciones reduce aún más el campo de acción del Estado. Sin embargo, es posible identificar tres mecanismos de política, que se analizarán en relación con las funciones detalladas más arriba, con el fin de explorar en qué circunstancias pueden aplicarse y en qué casos es posible identificar responsabilidades específicamente públicas o privadas. El primero que salta a la vista es el financiamiento, ya sea directamente o por la vía de los subsidios. En este respecto, el foco de la cuestión está en quién paga qué, cuáles deben ser los mecanismos utilizados para asignar recursos y cómo se distribuyen estos recursos entre las distintas funciones e instituciones. Hasta los años setenta en Chile ésta era esencialmente una responsabilidad pública, que actualmente el Estado comparte con el sector privado. El problema es determinar en qué casos el financiamiento sigue siendo una responsabilidad prioritaria y esencial del Estado y cuándo puede ser asumida por el sector privado. En segundo lugar está la regulación, entendiendo por ésta las acciones públicas destinadas a establecer normas de funcionamiento, mecanismos de aseguramiento de la calidad y orientaciones o líneas de desarrollo prioritario. La fantasía de los años ochenta era que el mercado proveería toda la regulación necesaria, y que a la larga, la calidad sería el resultado de la acción de "la mano invisible". La realidad demostró que esto no sucede así, en parte debido a que las decisiones de los consumidores de educación superior no siempre obedecen a consideraciones basadas en la calidad, en parte porque no existe un grado razonable de libertad de elección, y en parte debido a la inevitable falta de transparencia del sistema. No obstante, la regulación puede ejercerse de múltiples formas, algunas directas y otras indirectas, y en muchos casos la responsabilidad puede ser compartida entre agencias públicas y privadas. La información suele analizarse como parte de los mecanismos de regulación. Ciertamente tiene un efecto regulatorio, pero su impacto va mucho más allá. La información es un
    componente esencial de la gestión de los sistemas de educación superior y de las instituciones, así como de los mecanismos de aseguramiento de la calidad, pero su principal sentido se basa en el potencial que tiene para aumentar la comprensión del público y de los usuarios de la educación superior acerca de sus posibilidades y oportunidades (Lemaitre y Raczinsky, 2001) y para mejorar, de este modo, la calidad de las decisiones que adoptan los distintos usuarios del sistema. El punto que me parece importante destacar en este sentido es que ninguno de estos mecanismos opera con independencia de los otros. No es posible exigir financiamiento público sin aceptar regulación de su parte, ni exigencias de información. Por otra parte, el Estado se compromete con quienes cumplen con sus normas regulatorias, y proporcionan información válida y confiable, asegurando acceso a los recursos públicos que corresponda. ¿Dónde está, en este escenario, la acción prioritaria del Estado? Si miramos en primer lugar el tema del financiamiento, que será analizado en mayor profundidad y con más propiedad por otros participantes en esta reunión, podríamos señalar que probablemente el área donde es más indiscutible la responsabilidad pública en cuanto al financiamiento es la correspondiente al desarrollo científico y tecnológico. Es también un área donde la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo es más significativa, y donde, por consiguiente, la definición de políticas para su promoción es fundamental. La formación de recursos humanos calificados, desde el inicio de la formación universitaria, pero sobre todo en el postgrado; el desarrollo de centros nacionales de excelencia y la constitución de sólidos equipos de trabajo; la dotación de los recursos necesarios tales como bibliotecas de alto nivel, laboratorios especializados y equipos y materiales, requieren de un esfuerzo de inversión que sólo es posible desde el Estado. Lo anterior no excluye la posibilidad de que este esfuerzo público se complemente con recursos provenientes del sector privado, pero éstos suelen vincularse más bien a la investigación aplicada en áreas específicas, cuyos resultados rara vez se ponen libremente a disposición del medio. Sin embargo, pueden constituir un aporte significativo, y las medidas de política deberían entonces centrarse en la promoción y apoyo de vínculos crecientes entre las empresas y organizaciones privadas y la educación superior. En el caso de la formación profesional y técnica, los beneficios privados son más claros. Estudios recientes muestran que tanto las tasas de empleo como las remuneraciones son significativamente más altas para quienes tienen un título postsecundario. Por tanto, los esfuerzos públicos deberían centrarse principalmente en asegurar el acceso a los programas conducentes a título de todos los estudiantes potenciales debidamente calificados (sin suponer necesariamente que sólo los jóvenes muy talentosos tienen derecho a obtener un título profesional). El acceso puede asegurarse a través de créditos (convirtiendo de este modo un subsidio público en una inversión privada) o becas (para estudiantes pobres que necesitan financiamiento no sólo para pagar aranceles, sino también para financiar sus gastos de subsistencia, o en áreas donde es posible prever que los ingresos futuros serán relativamente bajos). Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la acción pública es fundamental en cuanto a garantizar una adecuada cobertura de distintas áreas del conocimiento en el medio nacional. Lo anterior es importante tanto en términos geográficos (proporcionando oportunidades de formación de manera geográficamente equilibrada) como en cuanto a contenidos (asegurando la oferta de cursos con escasa demanda en el mercado, tales como artes o humanidades). En estos casos, el subsidio a dicha actividad se justifica por el beneficio público asociado tanto a la presencia de la educación superior en determinadas localidades como al desarrollo de ciertas áreas del conocimiento. En el caso de los estudios técnicos, si bien es válida hasta cierto punto la argumentación relativa a los estudios profesionales, hay otras consideraciones importantes. En primer lugar, existe un requisito de equidad. El bajo prestigio de las actividades técnicas y la menor duración de estos estudios hace que los demandantes de este nivel tiendan a ser personas de bajos recursos, con escasas calificaciones. Por consiguiente, es preciso apoyar a las instituciones que las acogen, para que sea posible ofrecerles una educación de calidad: una formación que no sólo debe atender las necesidades propias del título que entrega sino también compensar déficit anteriores, tiene costos más altos, que no deberían cubrir los propios alumnos. Asimismo, una formación técnica actualizada requiere de instalaciones y equipos costosos, que no pueden cargarse a los estudiantes. Por otra parte, el desarrollo productivo requiere de recursos humanos calificados, lo cual exige
    apoyar y promover la vinculación entre las empresas y organizaciones del sector productivo y las instituciones de educación superior. En Chile todo parece indicar que la necesidad de formación técnica no se cubre con profesionales subempleados, sino más bien con el desempeño de labores que en otros países corresponden a técnicos con trabajadores semicalificados. La profesionalización de estas tareas es importante, y requiere de un apoyo sustantivo de parte del Estado. La contraparte a esta responsabilidad de financiamiento son las acciones de regulación e información, entendidas como dos caras de una misma moneda, y a las que dedicaré el resto de esta presentación. Uno de los principales argumentos existentes para justificar la regulación de mercados es la presencia de asimetrías de información entre consumidores y proveedores respecto de la calidad del bien. Los consumidores no están en condiciones de prever la calidad ofrecida por un proveedor con anterioridad a la compra, y por tanto, se encuentran en una situación de debilidad ante el proveedor. Puede argumentarse -y de hecho en los últimos meses hemos oído abundantemente al respecto- que la autorregulación (sea hecha directamente por las propias instituciones o por organismos reguladores elegidos por ellas mismas) es suficiente para asegurar la calidad, y que el Estado no debe entrometerse en estas funciones. Podemos aceptar el argumento para la actividad de ciencia y tecnología, en la medida en que se reconozca que el Estado tiene una responsabilidad en cuanto a la orientación y priorización de los esfuerzos correspondientes en el área de investigación y postgrado. Así, no tiene sentido financiar actividades de investigación en todas las instituciones, o en todas las áreas, pero sí puede ser necesario promover y apoyar el desarrollo de instituciones con distintas definiciones de misión en el país. El aseguramiento de la calidad, en este campo, suele corresponder preferentemente a la acción de pares. Pero los cambios en la forma de producción de conocimiento, su centralidad creciente para los procesos de desarrollo y el contexto de aplicación e interdisciplinariedad en que suele darse exige la incorporación del Estado, con el fin de velar que junto con los criterios académicos se apliquen también criterios relacionados con el desarrollo económico y social del país. En el campo de la formación profesional, la instauración de procedimientos para el aseguramiento de la calidad es esencial. El volumen de inversión tanto público como privado (este último, esencialmente en términos de años de dedicación al estudio, de costo de oportunidad y de gastos incurridos para obtener un título) justifican la existencia de mecanismos que otorguen garantía pública de la calidad del servicio prestado por las instituciones de educación superior y de la validez de los títulos y grados. Sin embargo, aun cuando ésta es una responsabilidad pública, las tareas correspondientes pueden asignarse a diversos organismos, manteniendo las condiciones que hacen posible la garantía pública de calidad. Así, el rol público puede centrarse en la aprobación de estándares mínimos, y en la definición de requisitos a los cuales deben ajustarse eventuales agencias acreditadoras para asegurar su confiabilidad. La formación de técnicos, por su parte, tiene un grado de fluidez y cambio mucho mayor que la formación de profesionales, y debiera estar estrechamente vinculada a las características del medio externo al que sirve. Así, los mecanismos de aseguramiento de la calidad debieran desarrollarse principalmente a través de los vínculos establecidos con las empresas y el mercado de trabajo. Un aspecto complementario de la regulación es la información. A menudo se afirma que la regulación no es necesaria, que basta con proporcionar información adecuada. La pregunta de fondo entonces se refiere a la definición de lo que constituye información relevante, desde el punto de vista de las elecciones que estudiantes, empleadores, u otros actores sociales deben hacer. Es aquí donde la discusión entre autorregulación y regulación pública se hace central. En el campo de la formación técnica y profesional, la información acerca de la calidad de la oferta constituye claramente un bien público. Se dice que las propias instituciones -públicas y privadas- son capaces de autorregularse, y entregar información fidedigna sobre su oferta. Sin embargo, un análisis de las posibilidades de autorregulación muestra que tiene limitaciones importantes. En efecto, no hay incentivos reales para que una organización autorregulada informe al público acerca de las áreas en que es deficitaria, y, al revés, resulta importante ocultarlas, destacando sólo las fortalezas reales o aparentes de la institución. Esto se hace más evidente cuando se trata de bienes o servicios -como es el caso de la educación- cuya calidad
    está estrechamente asociada al prestigio de la institución, recursos fácilmente manejables en el corto y mediano plazo mediante la publicidad. En el caso de algunos bienes o servicios de consumo habitual, los consumidores aprenden rápidamente (después de uno o dos fracasos) cuáles son los proveedores que hay que evitar. Hay otros casos en los cuales es fácil obtener información objetiva y evaluar la relación calidad/precio, antes de adquirir el bien o el servicio (una casa, o un auto). Pero en el caso de la educación superior, la calidad no es fácil de identificar, y no es factible esperar hasta completar una carrera para decidir si valía la pena o no invertir en esa formación. Por tanto, la tendencia es esperar que otro -¿el Estado? ¿las propias instituciones?- produzca la información de modo que los usuarios puedan aprovecharla. Pero como se señaló, las instituciones no tienen incentivos para proporcionarla, y en ausencia de una información fidedigna provista por el Estado, es preciso esperar la respuesta del mercado, lenta y poco confiable en el mediano y corto plazo, que es cuando deben producirse las decisiones. Por tanto, si bien la autorregulación es un componente importante -y me atrevería a decir, esencial- para el aseguramiento de la calidad de la educación superior, sólo tiene efectos apropiados cuando va acompañada de una regulación pública que proporciona los incentivos necesarios para que se ejerza de manera eficaz. De este modo, la regulación pública cumple un rol fundamental: asegura que la información que las instituciones proporcionan sobre sí mismas, incluyendo la que se refiere a la calidad, sea válida y confiable. Para ello, en el caso chileno, desarrolla procesos de acreditación institucional que dan cuenta de la calidad (validez, confiabilidad, aplicación eficaz) de los mecanismos definidos por las propias instituciones para garantizar la calidad de los servicios que ofrecen. La combinación de procesos de autorregulación con regulación pública parece ser una forma adecuada de resolver los problemas de asimetrías de información, beneficiando así no sólo a los consumidores de educación superior sino también, y muy directamente, a los proveedores de servicios de buena calidad, cuyos mecanismos de autorregulación serán refrendados y garantizados públicamente. Al mismo tiempo, constituye un incentivo importante para los proveedores que aún no cuentan con mecanismos eficaces de autorregulación, que junto con mejorar su calidad, evitan una regulación más directa o simplemente, el reconocimiento de su incapacidad para cautelar la calidad de los servicios que ofrecen. Por consiguiente, el principal rol público en este campo es el de asegurar la provisión de información válida y confiable, referida a aspectos centrales para la calidad del servicio, y preocuparse de promover su difusión eficaz y oportuna a destinatarios específicos, tanto por consideraciones de equidad como de calidad. Ese es el sentido principal que tiene el proceso de acreditación institucional planteado en el proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso Nacional. La provisión de información no se agota en unos cuantos indicadores cuantitativos -útiles, pero limitados- o en antecedentes cuidadosamente seleccionados por los proveedores. Incluye necesariamente información sustantiva acerca de la validez y confiabilidad de los mecanismos institucionales instalados para velar por el logro de los propósitos declarados y antecedentes acerca de los resultados obtenidos en esos procesos. El procesamiento secundario de la información proporcionada por las instituciones de educación superior con el fin de hacerla accesible a diversos usuarios (estudiantes potenciales, empleadores, y otros) es una tarea que puede compartirse entre organismos de gobierno, agencias de aseguramiento de la calidad y otros actores públicos y privados. La difusión, por su parte, probablemente será más eficaz y oportuna si se efectúa mediante asociaciones amplias donde los medios de comunicación y otros organismos privados desempeñan un rol fundamental. Comentarios Finales En síntesis, la responsabilidad pública se centra principalmente en la necesidad de asegurar la calidad y la equidad en los diferentes niveles de actividad de la educación superior, y esto es lo que ha movido al sistema chileno en la definición de políticas durante la última década. En cuanto a la calidad, esto ha significado desarrollar o apoyar el desarrollo de procedimientos adecuados de aseguramiento de la calidad, incluyendo establecer y mantener estándares mínimos de funcionamiento, promover la participación de diversos actores en el proceso de aseguramiento de la calidad y asegurar la transparencia de los procedimientos que se apliquen para ello, mediante una combinación de mecanismos de autorregulación y regulación pública. La calidad también está asociada a esquemas de financiamiento de la investigación en
    instituciones seleccionadas, por una parte, y por otra, en mecanismos de apoyo a la docencia y a los insumos y procesos vinculados a ella, tales como el desarrollo curricular, las tecnologías de información, los recursos de aprendizaje, las políticas de recursos humanos y otros aspectos semejantes. La calidad es también un prerrequisito para la equidad. No parece tener mucho sentido asegurar el acceso a programas que no valen nada. Por consiguiente, la equidad exige que se haga un esfuerzo permanente por promover la pertinencia y actualización de la educación superior, lo que es responsabilidad directa de las instituciones de educación superior e indirectamente, corresponde al Estado y a las agencias de aseguramiento de la calidad. El acceso a la educación terciaria es una responsabilidad pública ineludible, pero se ejerce de manera diferente según el tipo de estudios de que se trate: en el caso de los estudios profesionales, que están directamente asociados en la mayoría de los casos con un incremento en los ingresos futuros de los titulados, es posible asegurar el acceso mediante créditos, que deben pagarse una vez que se ingresa al mercado de trabajo. Para carreras con expectativas de bajos ingresos (profesores, artistas u otros), puede ser preferible operar con becas o créditos cuya recuperación se hace contingente a los ingresos recibidos. Para los estudiantes pobres, que necesitan apoyo de subsistencia, las becas (incluidos los subsidios de transporte y alimentación) pueden ser el único mecanismo adecuado. Finalmente, la información surge como una función esencialmente vinculada al proceso regulatorio, y tiene sentido como el resultado de una tarea colaborativa. Las instituciones de educación superior, los gobiernos, las agencias de aseguramiento de la calidad, los organismos privados y los medios de comunicación tienen algo que aportar al respecto, y la información será eficaz y accesible en la medida en que los diversos actores desempeñen apropiadamente sus roles complementarios. La educación superior es demasiado importante para dejarla sólo en manos de las universidades; es demasiado cara y su cobertura es demasiado amplia como para que sea una responsabilidad exclusiva del Estado; es demasiado compleja y estratégica para que sea una actividad privada. Sólo gracias a un gran esfuerzo de colaboración podrá satisfacer las expectativas que muchos tenemos respecto de ella. Santiago, noviembre 2003. Referencias: Brunner, José Joaquín y Guillermo Briones, (1992), Higher Education in Chile: Effects of the 1980 Reform, Documento preparado para el Banco Mundial. Castro, Claudio de Moura y Daniel Levy, (2000), Myth, Reality and Reform. Higher Education Policy in Latin America. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank. Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, Propuesta sobre un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, www.cnap.cl. IDRB/The World Bank, (2000), Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise, Washington D.C. Lemaitre, Maria José y Dagmar Raczinsky, (2001), Stakeholders in Higher Education: How to Deal with Complexity, Documento presentado en la VI Conferencia de la Red Internacional de Agencias de Acreditación (INQAAHE), Bangalore, India. Núñez, Javier, La autorregulación como concepto regulatorio, texto impreso, 2003. Universidad Adolfo Ibáñez/Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, Informe sobre Políticas de Educación Superior en Chile y la Experiencia Internacional: Relación con el Mercado Laboral, mimeo, 2002."


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