Uno de los mecanismo de financiamiento de las universidades es el aporte fiscal directo, mediante el cual el Estado otorga una determinada cantidad de fondos públicos a las universidades públicas. En el presente extracto de la investigación, María de los Ángeles Santander indica las deficiencias de este mecanismo de financiamiento pública. Aunque nuestro trabajo es una investigación acerca del tema del tema del financiamiento de las universidades, quisiera indicar que no estoy de acuerdo en el punto que se indica que la seguridad de recursos a las universidades generaría un estancamiento, o un no incremento de la publicidad. Creo que no es adecuado aplicar a las universidades términos como el de "productividad", porque la universidad pública no es una empresa con fines de lucro en primer lugar, y porque la universidad es una lugar donde se cultiva el conocimiento, y este conocimiento no da frutos como lo daría una industria productora de alguna cosa, sino que este conocimiento se expresa de manera distinta. A lo que si se le podría aplicar el término "productividad" es a las investigaciones que realizan las universidades. Otro punto que critica la Señora María de los Ángeles Santander es que no se le otorguen estos aportes a otras instituciones de educación superior, como las universidades privadas. A mí me parece que fondos públicos deben ser dados a universidades públicas o sin fines de lucro, y no a universidades privadas que sacarán beneficios de este aporte fiscal.
A continuación, el extracto de la investigación realizada por María de los Ángeles Santander, del Programa Social de Libertad y Desarrollo.
"1. APORTE FISCAL DIRECTO
El aporte fiscal directo (AFD) dejó de ser el único mecanismo de asignación de recursos, y se estableció que éste iría disminuyendo gradualmente su participación
relativa hasta representar sólo un tercio del financiamiento público
total a este nivel de educación. El AFD se siguió entregando en la
forma de subsidio a la oferta a las universidades que existían hasta
los años 80, las que recibían aportes diferenciados unas de otras,
establecidos sobre la base de la participación histórica que cada
una había tenido en el monto total a repartir.
Esta forma de asignación histórica se mantiene hasta hoy,
con las ineficiencias que ello significa, ya que al tener las universidades
la seguridad de contar con esos recursos –o al menos el
95% de ellos- no existen mayores incentivos para incrementar la
productividad o mejorar variables tales como gestión y desempeño.
Adicionalmente, se debe señalar que estos recursos representan
un factor de competencia desleal entre las instituciones de
educación superior que los reciben y el resto –universidades privadas,
centros de formación técnica e institutos profesionales-, alterando
la estructura de mercado que se generaría en caso de libre
competencia, donde aquellas instituciones que efectivamente
ofrecen las características que demandan los estudiantes lograrían
mayor éxito y obtendrían mayores recursos, tendiendo a desaparecer
aquellas que no logran atraer suficientes alumnos. Estos
recursos adicionales que se entregan a través del AFD estarían
distorsionando la situación descrita y mantendrían en forma artificial
la importancia relativa de ciertas instituciones en el mercado."
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